Proyecto 19.612 APERTURA A SERVICIO COLECTIVO PARA LOS TAXIS
por: David Garita
La problemática del transporte urbano en la Gran Área Metropolitana (GAM) va más allá de las congestiones, tarifas y servicios que se ofrece; también intervienen otros factores que engrosan la lista de dificultades. Por ejemplo los altos costos del combustible han venido a ser un factor determinante para que los dueños de vehículos busquen diferentes opciones de traslado a sus trabajos y viviendas, pero la falta de estos, el ocasionalmente inadecuado servicio en los buses o los altos costos de los servicios de taxi, impiden que se dé una solución satisfactoria a una demanda existente, esto aunado a que la restricción vehicular obliga a los dueños de vehículos buscar otras alternativas de transporte para los días asignados a sus automóviles.
Ante esta situación hace veinte años aproximadamente, nace como una oferta a ese público meta el sistema de taxistas informales en modalidad colectiva y sus servicios son brindados en las poblaciones más populosas y llamadas barrios dormitorios por su particularidad de poseer muchos habitantes que forman parte de la fuerza laboral que requiere estos servicios.
El servicio de taxistas informales en modalidad colectiva viene a llenar ese vacío en el transporte público pero con la problemática de no estar a derecho y por ende no contar ni con los seguros respectivos, ni las tarifas reguladas y mucho menos con una organización planificada de sus rutas o bases de operaciones.
En agosto de 2007 se dio a conocer por medio del Prugam un “Estudio de oferta y demanda de Transportes de la GAM” realizado por el ingeniero Leonardo Castro Rodríguez y financiado por la comunidad europea. En este se
señala que para el 2007 la flotilla de taxis formales es de 15.000 unidades a nivel nacional y 5.000 informales lo que significa que estos están cubriendo una demanda del 25% de usuarios que los taxistas formales no pueden. (Castro, 2007, p. (8))
La prohibición contenida en el decreto N.º 33526-MOPT, restringe a los taxistas formales a trabajar solamente bajo el sistema del “ruleteo” y por lo tanto cualquier intento de realizar un servicio colectivo es multado por la policía de
tránsito.
La intención de este proyecto es abrir la posibilidad a que los taxistas formales puedan operar en modalidad colectiva de una forma ordenada y regulada por las diferentes autoridades.
Se ampliaría en primera instancia la definición de las bases operacionales especiales, contempladas en la Ley N.° 7969 para que conforme a los estudios existentes como en cualquier otro posterior, se determine los lugares donde la modalidad colectiva para taxis formales se pueda implementar. (lugares como Pavas, Los Hatillos, Alajuelita, Desamparados, Guadalupe, Puriscal, Cartago, entre otros muchos). Recordemos que las bases operacionales son las zonas asignadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a cada concesionario y es donde se les permite trabajar; en cambio las bases operacionales especiales son aquellas creadas específicamente como una zona diferente tradicionalmente turística en la que pueden laborar algunos taxistas y sería en esta categoría donde ubicaríamos el sistema de taxis colectivos, aclarando eso sí que cualquier concesionario puede trabajar en las dos modalidades, la colectiva y la de ruleteo.
Hacemos la diferenciación con las bases operacionales normales porque estas abarcan grandes territorios y las especiales son para una modalidad o zona específica.
Los taxistas podrían informar a los usuarios que tradicionalmente utilizan el servicio informal en los lugares señalados como bases de operaciones especiales que están en modalidad colectiva y que se dirigen al punto de llegada que se citará como parte de la ruta.
En el aspecto tarifario la intención sería que la Aresep por medio de un estudio de factibilidad defina qué tarifa le debe cobrar a cada uno de los pasajeros, el taxista en modalidad colectiva del punto A al punto B de la ruta asignada a esa base de operación especial, recordando que el monto es por persona independientemente si la unidad va con su capacidad máxima o no, la tarifa siempre se le respetará al usuario.
Este proyecto no viene solo a suplir una necesidad que una parte de la población demanda para su uso, sino que también provocaría una disminución en el consumo de combustible al permitir a los usuarios tener una opción más de trasporte público.
Por otro lado y no menos importante está el aspecto de la lucha que el gremio de los taxistas viene realizando desde hace muchos años para que se eliminen los servicios informales de taxis. Este proyecto les daría un arma
importante al sector formal para poder combatir de forma directa con un sistema ilegal existente y que ellos por prohibiciones normadas no podían realizar. Ahora la llamada fuerza roja puede competir con los servicios informales sin preocuparse de violentar la ley o ser perseguidos por ello, y los usuarios tendrían la posibilidad de que se les brinde un servicio que demandan con apego a la legalidad.